Guanajuato castigará con cárcel violencia política contra mujeres

07.12.2017

Carlos García e Israel DávilaCorresponsalesPeriódico La Jornada
Viernes 8 de diciembre de 2017, p. 17

El Congreso de Guanajuato reformó este jueves el Código Penal para castigar hasta con cuatro años de cárcel a la persona, funcionario público o dirigente de partido que ejerza violencia política contra las mujeres por razones género.

La legislatura estatal adicionó el capítulo Delitos de Violencia Política, que contiene el artículo 289-a, el cual estipula que a quien dolosamente anule o limite el ejercicio de los derechos políticos o de las funciones públicas a una mujer por razones de género se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 400 días de multa.

El artículo refiere que se presumen razones de género cuando existan situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio en perjuicio de la víctima o situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género.

Las sanciones se aumentarán "de una mitad del mínimo a una mitad del máximo cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público o dirigente partidista, cuando se emplease violencia o engaño, o por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la mujer.

En ese contexto, la fiscal para atender los delitos relacionados con violencia de género en el estado de México, Dylcia García, informó que en los 11 municipios donde existe alerta de género ya operan células de búsqueda y rescate de manera inmediata para atender los reportes de desapariciones de mujeres y niñas, así como llamada de emergencia por violencia familiar.

La fiscal precisó que estos grupos de las policías municipales están preparados para atender emergencias y aplican protocolos de actuación por la desaparición de mujeres y de investigación para casos de feminicidio.

Los primeros municipios en conformar estos grupos fueron Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chalco y Ecatepec, apenas el año pasado, y en 2017 Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Tultitlán, Izcalli y Chimalhuacán.

La fiscal sostiene periódicamente reuniones con los titulares de estas células para el intercambio de información, evaluación y diseño de estrategias. A la fecha, gracias a ellas se han podido localizar con vida a decenas de mujeres y niñas que habían sido reportadas como desaparecidas.

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