PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

VIOLENCIA POLÍTICA

Iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guanajuato; de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. 

Iniciativa de adición del artículo 289 Bis al Código Penal del Estado de Guanajuato, en materia de violencia política-electoral, formulada por las diputadas Arcelia María González González y Luz Elena Govea López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en materia de violencia política-electoral hacia las mujeres.

Este protocolo surge de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político electorales y responde al contexto de violencia ocurrido durante el periodo electoral de 2015. Intenta construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales.

  • Identificar la violencia política contra las mujeres;
  • Informar quiénes y cómo se pueden presentar los trámites de denuncias, quejas, querellas y demandas;
  • Evitar daños mayores a las mujeres víctimasde violencia, a sus familias y personas cercanas;
  • Servir de guía para atender la violencia políticaen el nivel federal, estatal y municipal;
  • Generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casosde violencia política contra las mujeres, a fin de evitar que los derechos político-electoralesse vean afectados por la violencia.
  • Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio
  • Violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.
  • Violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.


  • Violencia económica. Toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
  • Violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

Artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

GUÍA PARA PRESENTAR UNA QUEJA O DENUNCIA SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Informe sobre la atención de casos de Violencia Política contra las Mujeres. Diagnóstico y avances (2012- 2017).

El pasado 9 de marzo el Senado de la República aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.

Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados para su revisión y efectos constitucionales.